Burford Capital, el fondo financiero que representa a los acreedores que demandan a la Argentina por la expropiación de YPF en 2012, emitió duras críticas contra el gobierno de Estados Unidos tras la presentación de un escrito del Departamento de Justicia ante la Corte de Apelaciones de Nueva York. En el documento oficial, EE.UU. respaldó a la Argentina al considerar que YPF goza de inmunidad soberana.

La firma británica calificó la intervención de EE.UU. como “sumamente inusual” y acusó a la Casa Blanca de alentar a países extranjeros a “perjudicar a los inversores”, lo que –a su entender– va en contra de sus propios objetivos de política exterior. “Cuesta entender cómo se benefician los intereses estadounidenses en el mundo al generar efectos adversos sobre el sistema de inversiones”, argumentó Burford.

El caso por la estatización de YPF implica un reclamo de US$16.000 millones, que podría escalar hasta US$17.500 millones por los intereses acumulados, según estimaciones de la parte demandante. Desde el fondo también advirtieron que el apoyo de EE.UU. podría ser interpretado en Argentina como una señal de que “nunca tendrá que pagar la sentencia”, lo que agregaría incertidumbre jurídica.

El gobierno estadounidense presentó su posición en la causa a través de un amicus curiae, en el que argumentó que obligar a entregar el 51% de las acciones de YPF –como dictaminó en primera instancia la jueza Loretta Preska– implicaría un daño irreparable para las relaciones bilaterales y sentaría un precedente negativo en el trato recíproco entre naciones.

Burford rechazó estos argumentos, acusando a EE.UU. de basarse en “premisas erróneas” y “desconocer el fondo del caso”. Además, señalaron que el Departamento de Justicia no mantuvo diálogo alguno con ellos antes de intervenir, lo que interpretaron como un signo de “prisa y desconocimiento del gobierno”.

La decisión final ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Nueva York, que deberá determinar si mantiene suspendido el fallo de Preska mientras se resuelve la apelación de la Argentina. El resultado definirá el destino de la mayor demanda internacional contra el país en más de una década.