Un grupo de senadores de Unión por la Patria solicitó formalmente a la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, que limite el uso de los baños y espacios comunes del Congreso a los efectivos de las fuerzas de seguridad que participan de los operativos durante las jornadas de protesta. La petición, contenida en una carta fechada el 16 de julio y firmada por ocho legisladores kirchneristas, provocó un fuerte rechazo desde el oficialismo.
El escrito, firmado entre otros por Oscar Parrilli, Silvia Sapag, Antonio Rodas, Cristina López, Carlos Linares, Sergio Leavy, María Eugenia Duré y Gerardo Montenegro, reclama que la presencia de efectivos policiales y gendarmes sea “limitada a lo estrictamente necesario” dentro del Senado, con el fin de “evitar molestias” y garantizar el “cómodo desenvolvimiento” del personal legislativo y los propios senadores.
La carta sostiene que los días en que se despliegan operativos masivos de seguridad, como los miércoles durante las protestas de jubilados, aumenta significativamente la presencia de fuerzas como la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por ello, los senadores consideran que son las autoridades nacionales las que deben garantizarles condiciones básicas a los efectivos, deslindando así responsabilidades del Senado en ese aspecto.
En el texto, los legisladores expresan que se debe “armonizar la concurrencia del personal de las distintas fuerzas y el uso que hacen en el Senado de sus espacios comunes y de los sanitarios, asegurando el bienestar y la prioridad a los empleados de esta casa”.
Reacción del oficialismo
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reaccionó duramente ante la solicitud kirchnerista. En un mensaje publicado en su cuenta de X, escribió: “Insólito pero real. El kirchnerismo pidió que las Fuerzas de Seguridad no usen los baños del Senado. Ya sabíamos que no los querían… pero ni para ir al baño los dejan. Un poco de respeto y sentido común. Son los que nos cuidan todos los días”.
La controversia surge en un contexto de tensión entre el kirchnerismo y las fuerzas de seguridad, en especial por la aplicación del protocolo antipiquete promovido por Bullrich, que prohíbe los cortes de tránsito durante manifestaciones. Unión por la Patria ha manifestado su apoyo a las protestas sociales y ha sido crítico de la política de seguridad del actual gobierno, al que acusan de reprimir la protesta social.
El tema también adquiere una dimensión política mayor en un momento en que Bullrich suena como posible candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, lo que intensifica el enfrentamiento discursivo entre ambas fuerzas.
La carta fue recibida oficialmente en el Senado el viernes 18 de julio, y finaliza con un pedido de que la situación se administre con mayor coordinación, aunque el tono del reclamo fue calificado como inoportuno y discriminatorio por diversos sectores del oficialismo.


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