El Gobierno argentino presentó este martes sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York con el objetivo de evitar la entrega del 51% de las acciones de YPF, en el marco del juicio iniciado por los fondos Burford Capital y Eton Park tras la estatización de la petrolera.

El caso judicial se remonta a septiembre de 2023, cuando la jueza Loretta Preska falló en primera instancia contra la Argentina, ordenando una indemnización de más de US$16.000 millones por la forma en que se llevó a cabo la expropiación de la empresa en 2012. La administración nacional busca revertir esa sentencia o, al menos, obtener una suspensión mientras se desarrolla la apelación.

En su presentación, el Estado argentino argumentó que la ejecución del fallo implicaría una “vulneración a la inmunidad soberana” garantizada por la legislación estadounidense, en particular la Ley de Inmunidades Soberanas de los Estados Unidos. A su vez, advirtió que forzar la transferencia accionaria representa una afectación al principio de cortesía internacional, al obligar al país a incumplir su normativa interna.

Según precisó la Procuración del Tesoro, la cesión de las acciones “violaría la ley argentina, que prohíbe su venta sin la aprobación de dos tercios del Congreso Nacional”, por lo cual no existe riesgo real de “disipación” de activos, como argumentan los fondos demandantes.

Asimismo, el Gobierno alertó que una eventual entrega del paquete accionario mayoritario significaría la pérdida del control estatal sobre la principal empresa energética del país, un daño que sería “irreversible”, aun si la Argentina ganara la apelación posteriormente.

El consultor Sebastián Maril, especialista en el caso, informó a través de su cuenta de X que “la Argentina concluyó su descargo esta madrugada advirtiendo que, si la Corte de Apelaciones no otorga la suspensión del fallo, acudirá de manera urgente a la Corte Suprema de Estados Unidos”.

La decisión del tribunal neoyorquino será clave para definir el rumbo del litigio, que enfrenta a la Argentina con fondos especializados en litigios por deuda y activos estatales.