El Gobierno nacional oficializó este martes el marco normativo que sienta las bases para la privatización de AySA, la empresa estatal que brinda servicios de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque el proceso avanza, las autoridades prevén que la privatización total se concretará recién en 2026.

Mediante el decreto 493/2025, el Ejecutivo estableció las nuevas reglas de juego para futuros concesionarios, quienes deberán asumir tareas como la elaboración de planes de acción, la presentación de informes anuales ante el ente regulador, la atención a los reclamos de usuarios y el pago de indemnizaciones en caso de fallas en la prestación del servicio.

Uno de los cambios más significativos que introduce esta normativa es la posibilidad de cortar el suministro de agua a usuarios residenciales por falta de pago, algo que hasta ahora no estaba permitido. La medida busca aumentar la rentabilidad de la empresa y hacerla más atractiva para los inversores privados.

Además, el decreto 494/2025 autoriza formalmente la privatización total de AySA. La empresa forma parte del grupo de ocho firmas estatales sujetas a privatización tras la aprobación de la Ley Bases. La cesión al sector privado se ejecutará en dos etapas:

1. Licitación nacional e internacional para el traspaso del 51% de las acciones a un operador privado, mediante un contrato de concesión.
2. Oferta pública inicial del 39% restante en el mercado de capitales, mientras que el 10% final quedará en manos de los empleados.

El llamado a licitación se espera para el último trimestre de 2025, pero la adjudicación de la concesión se concretará recién en 2026, ya que el proceso requerirá un mínimo de 60 días desde la convocatoria.

La decisión de avanzar con esta privatización, según el Gobierno, responde al «profundo contexto de crisis económica» y al «deterioro operativo y financiero» de AySA, que entre 2006 y 2023 recibió subsidios por más de US$13.400 millones del Tesoro Nacional.

La operación estará a cargo del Ministerio de Economía, en coordinación con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Las autoridades aseguran que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la continuidad del servicio público durante y después del proceso de traspaso.

Con esta hoja de ruta, el Gobierno busca atraer capitales extranjeros y reducir el peso del Estado en la prestación de servicios básicos, en línea con su estrategia general de reestructuración del sector público.