El Gobierno nacional oficializó un nuevo régimen que permite a ciudadanos extranjeros acceder a la ciudadanía argentina sin necesidad de cumplir con el requisito de residencia, siempre que realicen inversiones consideradas “relevantes” por el Ejecutivo. La medida, impulsada como parte de las reformas para atraer capitales del exterior, fue establecida mediante el Decreto 524/2025 y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según lo dispuesto, los interesados deberán presentar su solicitud ante la recientemente creada Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo descentralizado que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Economía. Este mismo ministerio será el encargado de definir qué tipo de inversiones califican como “relevantes”, una decisión clave para habilitar el trámite.

Una vez recibida la solicitud, la Agencia evaluará la inversión y requerirá informes a diversos organismos de inteligencia y seguridad, entre ellos la SIDE, el Ministerio de Seguridad, la Unidad de Información Financiera, el Registro Nacional de Reincidencia y el RENAPER. Estos controles tienen como objetivo garantizar que la concesión de la ciudadanía no represente un riesgo para la seguridad nacional ni para los intereses estratégicos del país.

Tras el análisis, la Agencia elevará una recomendación a la Dirección Nacional de Migraciones, que tendrá un plazo de 30 días hábiles para otorgar o rechazar la ciudadanía. Aquellos que la obtengan podrán tramitar su CUIT de manera automática ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), lo que les permitirá incorporarse plenamente al sistema económico y fiscal nacional.

La propia Agencia de Ciudadanía será la encargada de dictar las normativas complementarias para regular el funcionamiento del régimen, que ya se encuentra en vigencia.

Sin embargo, la medida generó críticas y preocupación en sectores de la oposición y entre especialistas, quienes advierten sobre la posibilidad de que la ciudadanía argentina se transforme en una mercancía. También se cuestiona la falta de criterios objetivos y públicos sobre qué inversiones serán consideradas válidas, lo que podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias, discrecionalidad política o incluso maniobras de lavado de dinero.

Hasta ahora, la legislación argentina exigía al menos dos años de residencia legal continua para acceder a la nacionalización. Con este nuevo mecanismo, dicho requisito queda eliminado para quienes acrediten una inversión avalada por el Ejecutivo.