El presidente Javier Milei vetó oficialmente las tres leyes aprobadas por el Congreso que contemplaban un aumento a los haberes jubilatorios, el restablecimiento de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en materia de discapacidad. La decisión fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU), con el argumento de que su aplicación “pondría en riesgo el equilibrio fiscal” del Estado.

Según estimaciones del Poder Ejecutivo, las tres normas implicarían un gasto adicional de más de 7 billones de pesos en 2025 y cerca de 17 billones en 2026. Desde el Gobierno sostienen que estas cifras carecen de fuentes de financiamiento concretas y de estudios actuariales que aseguren la sostenibilidad del sistema previsional, lo cual hace inviable su aplicación dentro del plan económico que promueve el déficit cero.

Además de los argumentos económicos, el Gobierno cuestionó duramente el proceso legislativo que llevó a la aprobación de las leyes. Señaló la existencia de “graves vicios reglamentarios” en la tramitación en el Senado y denunció que no se habrían alcanzado las mayorías necesarias para su sanción, lo que –según el oficialismo– invalida su legalidad.

La oposición, que logró la aprobación de los proyectos en ambas cámaras, ahora deberá reunir una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados para rechazar el veto y forzar la promulgación de las leyes. En este contexto, el oficialismo apunta a retener el respaldo de legisladores que se abstuvieron o no participaron en la votación, con el objetivo de preservar su agenda de ajuste fiscal.

Con esta decisión, Milei refuerza su compromiso con el equilibrio presupuestario, aunque lo hace a costa de enfrentar un nuevo conflicto con sectores vulnerables y con una parte importante del arco político opositor.