El gobierno de Estados Unidos expresó una dura crítica contra la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de imponer prisión domiciliaria al ex presidente Jair Bolsonaro, en el marco de una investigación por intento de golpe de Estado. A través de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, dependiente del Departamento de Estado, la administración norteamericana calificó la medida como una “amenaza a la democracia” y acusó al juez Alexandre de Moraes de utilizar el aparato judicial para silenciar a la oposición.

“El ministro Alexandre de Moraes, ya sancionado por los Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, continúa usando las instituciones brasileñas para silenciar a la oposición y amenazar la democracia. ¡Dejen a Bolsonaro hablar!”, publicó la Oficina en su cuenta oficial en redes sociales. El mensaje, replicado también en portugués, se enmarca en la Ley Magnitsky, una normativa estadounidense que permite sancionar a funcionarios extranjeros implicados en graves violaciones a los derechos humanos.

La respuesta del gobierno estadounidense llega tras la decisión del juez De Moraes, quien consideró que Bolsonaro violó medidas cautelares al participar por videollamada en una manifestación pública, en contravención a una orden judicial que le prohíbe expresarse en redes sociales o mediante otros medios de comunicación. Además, se le restringió recibir visitas no autorizadas por el Supremo.

La tensión entre los poderes en Brasil y el apoyo de sectores internacionales a Bolsonaro encendieron el debate político en el país. Desde la oposición, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del ex mandatario, anunció que pedirá al Senado el inicio de un proceso de destitución contra De Moraes. “No tiene condiciones de seguir en el cargo”, declaró en CNN Brasil, y vinculó la decisión del magistrado con una “venganza” por las sanciones que Estados Unidos impuso al juez, incluyendo el congelamiento de activos en territorio estadounidense.

Por su parte, Eduardo Bolsonaro, diputado federal e hijo del ex presidente, calificó la resolución judicial como un “abuso de poder crudo para silenciar al líder de la oposición”. Ambos dirigentes señalaron que buscarán reactivar la ofensiva política contra el magistrado en el Congreso, aunque intentos anteriores no habían logrado reunir el apoyo suficiente.

Desde Estados Unidos, sectores aliados a Bolsonaro cercanos al expresidente Donald Trump anticipan nuevas sanciones contra jueces brasileños. En mayo, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental ya había advertido en otro mensaje: “Ningún enemigo de la libertad de expresión de los estadounidenses será perdonado”, en aparente alusión a decisiones del Supremo brasileño.

Mientras tanto, la causa judicial contra Jair Bolsonaro continúa avanzando. Está acusado de liderar una presunta trama para desconocer los resultados de las elecciones de 2022, lo que derivó en actos de golpismo en enero de 2023. De ser hallado culpable, podría enfrentar penas superiores a los 40 años de prisión.

La situación ha generado un fuerte conflicto entre el Poder Judicial brasileño y los sectores nacionalistas de derecha, y comienza a tener impacto en las relaciones exteriores de Brasil, especialmente con Estados Unidos, donde la política exterior en América Latina se torna cada vez más vigilante sobre el estado de las democracias en la región.