El oficialismo y la oposición alcanzaron un acuerdo en la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados para solicitar al Gobierno informes sobre las más de 90 muertes causadas por la aplicación de fentanilo adulterado. El kirchnerismo habilitó el debate tras bloquearlo la semana pasada, mientras que el PRO y La Libertad Avanza insistieron en conformar una comisión investigadora.

La iniciativa fue impulsada por el presidente de la comisión, Pablo Yedlin (Unión por la Patria), y unificó tres pedidos de informes presentados por distintos legisladores, entre ellos Silvana Giudici (PRO), quien reclamó avanzar en paralelo con la creación de la comisión para “buscar verdad y Justicia” y evitar la impunidad.

Giudici denunció vínculos del laboratorio HLB Pharma, señalado en la investigación, con figuras del kirchnerismo y con empresas ligadas a Lázaro Báez. Según la legisladora, el actual apoderado de la compañía, Sebastián Nanini, fue abogado de Báez y funcionario de Mario Ishii.

El pedido unificado reclama investigar la cadena de producción y comercialización del fentanilo y otros productos farmacéuticos, así como determinar responsabilidades y explicar la falta de trazabilidad que permitió el ingreso del medicamento adulterado al sistema de salud. La comisión propuesta prevé la participación proporcional de representantes de todos los bloques parlamentarios.