El Gobierno dio un nuevo paso en el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), tras la publicación de la resolución 1198 del Ministerio de Economía que instruye a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas a coordinar la operación.

La medida establece que un banco público será el encargado de tasar el paquete accionario, debido a que el Tribunal de Tasaciones no podría completar el procedimiento en los plazos previstos.

Del total de la empresa, el 90% de las acciones será vendido: al menos un 51% se transferirá a un operador estratégico mediante licitación pública nacional e internacional, mientras que el resto se colocará en la Bolsa.

La primera etapa de venta deberá resolverse en un plazo máximo de ocho meses. En paralelo, el Gobierno aseguró que durante el proceso se garantizará la continuidad del servicio de agua potable y cloacas.

El objetivo oficial es que el Estado mantenga apenas una participación mínima en la compañía.