La investigación por las partidas de fentanilo contaminadas que provocaron la muerte de 96 pacientes reveló que los organismos de control conocían desde 2018 las fallas graves de HLB Pharma y su laboratorio asociado, Ramallo. Informes oficiales advertían sobre “desvíos de calidad” y deficiencias críticas en la producción de medicamentos, pero los expedientes fueron archivados o minimizados.

Documentación a la que accedió la justicia muestra que en 2019 se recomendó la clausura del laboratorio, aunque la medida se redujo a una simple inhibición. En 2022, con Gabriela Mantecón Fumadó al frente del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), el caso fue cerrado pese a nuevas irregularidades. En diciembre de 2024, una inspección “no programada” detectó fallas graves en control de calidad, procesos de validación y documentación. Sin embargo, la clausura se demoró hasta febrero de 2025, cuando el lote contaminado ya había sido producido.

El historial incluye múltiples retiros de productos: soluciones con partículas, diclofenac con sedimentos y un propofol sin trazabilidad. Aun así, HLB Pharma continuó operando. La ANMAT recién inhabilitó al laboratorio Ramallo tras la tragedia.

El juez federal Ernesto Kreplak investiga a 22 personas y 9 sociedades vinculadas a Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios, quien junto a su familia controlaba la firma. Todos tienen inhibidos sus bienes y prohibición de salida del país.

Las demoras burocráticas, la falta de controles eficaces y las advertencias desoídas están en el centro de la causa que intenta determinar cómo un laboratorio con antecedentes de irregularidades pudo seguir produciendo hasta que el fentanilo mortal llegó a los pacientes.