El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa preso en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, cuando fue detenido al ingresar desde Colombia por el puente internacional Francisco de Paula Santander. Sin acceso a su familia ni a un abogado oficial, su situación es considerada por la Argentina como un secuestro político.

Tras ocho meses sin avances, el gobierno de Javier Milei busca redoblar la presión internacional con el respaldo de Estados Unidos, que bajo la gestión de Donald Trump ha conseguido la liberación de varios presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Las negociaciones están encabezadas por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en contacto permanente con funcionarios norteamericanos.

La nueva estrategia no solo incluye a Washington y Buenos Aires, sino también a Italia, Israel y Bélgica, países que enfrentan casos similares de ciudadanos detenidos en cárceles venezolanas. El objetivo es conformar un frente común para exigir su liberación, combinando presión política, diplomática y de seguridad.

En paralelo, Estados Unidos intensificó las acciones contra Maduro: duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información sobre él, lo vinculó públicamente al Cartel de los Soles —catalogado como organización narcoterrorista—, habilitó operaciones militares en el exterior contra grupos criminales y desplegó más de 4.000 marines y tres buques de guerra en el Caribe.

El endurecimiento de estas medidas ya provocó la liberación de algunos presos políticos en Venezuela. Con este escenario, Argentina y sus aliados esperan que la presión internacional permita finalmente la liberación de Gallo, cuya familia reclama justicia e información precisa sobre su estado.