El Gobierno nacional confirmó que denunciará ante el Consejo de la Magistratura al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien declaró inconstitucional el decreto con el que Javier Milei había vetado la Ley de Emergencia en Discapacidad. La Casa Rosada sostiene que el magistrado “se extralimitó en sus funciones” y lo acusa de mal desempeño.

Al mismo tiempo, el Ejecutivo anunció que apelará la decisión ante la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, mientras sus equipos técnicos preparan la documentación judicial. El oficialismo argumenta que el fallo vulnera las facultades exclusivas del Poder Ejecutivo establecidas en la Constitución.

En paralelo, el Gobierno trabaja en una estrategia para frenar la aplicación de la ley, que ya fue ratificada por Diputados y que podría ser convalidada en breve por el Senado. Entre las alternativas, evalúa recurrir directamente a la Corte Suprema para pedir la nulidad de la sesión en la Cámara Alta, alegando que fue una autoconvocatoria ilegal.

Otra vía sería presentar un recurso en el fuero Contencioso Administrativo, centrado en la “imposibilidad de aplicación” de la norma, ya que —según el Ejecutivo— las fuentes de financiamiento previstas apenas cubren el 15% de lo necesario para sostener las prestaciones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Mientras escala la pelea judicial, el vocero presidencial Manuel Adorni reveló que el Gobierno analiza un aumento en las prestaciones como gesto de negociación hacia los bloques aliados. Sin embargo, aún no se definió ni el monto ni la fecha de implementación.