A cinco días de la difusión de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, en los que se describía un presunto circuito de coimas en contrataciones de medicamentos, el Gobierno ordenó una auditoría integral de los contratos del organismo y busca contener la crisis política que estalló en plena campaña electoral bonaerense.

El interventor de la ANDIS, Alejandro Vilches, ya comenzó a revisar licitaciones y papeles internos, mientras la Justicia avanza en paralelo con allanamientos y el secuestro de documentación vinculada a la droguería Suizo Argentina, señalada en la trama. En ese operativo, a uno de sus directivos, Emmanuel Kovalivker, se le incautaron USD 266.000 en efectivo y un pasaporte, lo que alimentó sospechas de un intento de fuga.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue el primero en salir a defender al oficialismo. Planteó que los audios, grabados clandestinamente y con al menos un año de antigüedad, forman parte de una operación política. En la Casa Rosada aseguran que ni Javier Milei ni su hermana Karina estaban al tanto de supuestas maniobras ilegales.

Spagnuolo, desplazado de su cargo, ya estaba bajo críticas por su gestión deficiente y otros episodios polémicos. Sin embargo, la difusión de los audios —en los que incluso se menciona protección política— encendió alarmas en el oficialismo.

“El resultado de la auditoría será clave. Si aparece algo turbio, se hará público”, afirmaron fuentes del Gobierno, que remarcaron las “sospechosas coincidencias” entre la filtración de los audios, la denuncia presentada por el abogado Gregorio Dalbón y la rapidez con la que la Justicia federal avanzó en los allanamientos.

Mientras tanto, el escándalo amenaza con impactar en la campaña libertaria en la provincia de Buenos Aires y abre un frente delicado en la relación entre el poder político y el negocio farmacéutico.