El empresario Lázaro Báez, condenado por las causas Vialidad y la ruta del dinero K, emitió desde prisión al menos 10 facturas comerciales en concepto de alquileres de propiedades en Río Gallegos que están embargadas por la Justicia.

El 19 de agosto, Báez facturó nueve alquileres en pesos que oscilaron entre $600 mil y $1 millón cada uno, además de u$s1.000 abonados por una inquilina vinculada al exfuncionario Germán Nivello, investigado en la causa Cuadernos. Entre los arrendatarios figura también una firma explotadora de una estación de servicio en la capital santacruceña.

Con estas operaciones, Báez acumuló en agosto ingresos por al menos $9,4 millones y u$s1.000, pese a que todos sus bienes están bajo embargo judicial. “No debería seguir recibiendo dinero en concepto de alquileres”, señaló un magistrado de Comodoro Py sorprendido por la maniobra.

La Justicia investiga además a Claudia Insaurralde, cercana al empresario desde 2017, quien habría retirado documentación en junio con poderes para administrar parte de su patrimonio. Su entorno estaría detrás del alquiler de propiedades en Santa Cruz y en Pinamar, también embargadas, pero que aparecen en inmobiliarias locales.

Mientras Báez mantiene ingresos desde prisión, los condenados en la causa Vialidad Nacional —incluida Cristina Kirchner— aún no depositaron los 530 millones de dólares que la Justicia fijó como reparación por el desfalco, pese a que el plazo venció el 13 de agosto.