El Gobierno nacional resolvió frenar provisoriamente las bajas de pensiones por discapacidad mientras avanza la auditoría integral en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), intervenida tras el escándalo de corrupción que involucra a su exdirector, Diego Spagnuolo.

La decisión fue adoptada por el ministro de Salud, Mario Lugones, en coordinación con la Casa Rosada. La revisión abarcará tres ejes: pensiones, compras y estructura administrativa. Además, se analizarán las 128.667 bajas ejecutadas durante la gestión de Spagnuolo, de las cuales más de 110 mil fueron atribuidas a beneficios mal otorgados.

La medida llega tras la difusión de audios en los que el exfuncionario reconocía sobreprecios en la compra de medicamentos. A partir de ese episodio, se pausaron nuevas resoluciones y se decidió revisar las ya aplicadas. Mientras dure el proceso, no habrá citaciones ni controles presenciales para los más de 1 millón de beneficiarios vigentes.

La intervención también congeló la iniciativa que buscaba transformar la ANDIS en una dependencia del Ministerio de Salud para reforzar el control de compras y licitaciones. No obstante, cualquier cambio estructural debería pasar por el Congreso, ya que el Ejecutivo perdió facultades delegadas con la caída de la Ley Bases.

La suspensión se conoció en paralelo al revés legislativo que sufrió Javier Milei en el Senado, donde la oposición revirtió su veto y convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad hasta 2026. El Presidente anticipó que podría judicializar la norma por considerar que afecta el equilibrio fiscal.

En este contexto, el futuro del sistema de pensiones por discapacidad queda sujeto a las conclusiones de la auditoría en la ANDIS, que definirán si se retoman las bajas o se implementa un nuevo esquema de control.