El Gobierno nacional debe resolver en las próximas horas si promulga o veta la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el 22 de agosto en el Senado por amplia mayoría y que prevé la actualización automática de los recursos destinados a las universidades públicas según la inflación. El plazo para la decisión presidencial vence mañana.

La Universidad de Buenos Aires (UBA), junto con otras casas de estudio, reclamó la reglamentación urgente de la norma para garantizar salarios y el funcionamiento académico. En un video institucional, el rector Ricardo Gelpi, el vicerrector Emiliano Yacobitti y los decanos de las 13 facultades advirtieron por la pérdida de poder adquisitivo de docentes y la falta de fondos para becas e infraestructura.

La ley contempla partidas específicas para carreras estratégicas, obras y programas de investigación, además de la convocatoria a negociaciones paritarias. Desde el sector universitario recordaron que en 2024 una iniciativa similar fue vetada por el presidente Javier Milei, lo que derivó en una merma cercana al 50% en los salarios y en la declaración de la emergencia salarial en la UBA.

El debate se produce en un contexto de ajuste fiscal y tras la derrota electoral de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Analistas señalan que la decisión del Ejecutivo sobre esta ley será clave para la relación del Gobierno con el sistema universitario, uno de los núcleos de mayor resistencia social a las políticas de recorte.