El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, confirmó que el Gobierno promulgará la nueva ley de discapacidad, ratificada por el Congreso tras el rechazo al veto presidencial de Javier Milei. Sin embargo, aclaró que su reglamentación quedará en suspenso hasta determinar cómo se financiará la medida.

La norma, impulsada por la oposición y respaldada con amplias mayorías en ambas cámaras, prevé un refuerzo de pensiones no contributivas, la actualización automática de aranceles de prestaciones y un régimen de regularización fiscal para el sector. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, su implementación podría sumar entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal de entre $1,8 y $3,6 billones (0,22% a 0,42% del PBI).

Francos advirtió que el Ejecutivo no asumirá el costo sin acuerdo con el Parlamento: “No me pueden endilgar que busque partidas de dónde sacar los fondos. Que me digan si hay que recortar a jubilados para pasar a discapacidad”, señaló.

La ley fue sancionada en medio de una crisis en el sistema de atención, marcada por el congelamiento de fondos y la reducción de beneficiarios tras auditorías en la ANDIS. El caso se agravó con el escándalo de supuestas coimas en el organismo, que derivó en la salida de su titular, Diego Spagnuolo.

El texto aprobado garantiza pensiones equivalentes al 70% de la mínima jubilatoria para personas con Certificado Único de Discapacidad y sin ingresos mayores a dos salarios mínimos. También establece compatibilidad con empleo registrado dentro de los límites previstos y la conversión automática de pensiones previas para evitar nuevos trámites.

En paralelo, refuerza el financiamiento y el rol de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) como autoridad de aplicación.

Con déficit cero como meta, el Gobierno enfrenta el desafío de implementar una ley con fuerte consenso social y político, pero con alto impacto fiscal.