Un informe presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso reveló que 18.659 militares solicitaron la baja desde diciembre de 2023, con mayor impacto en el Ejército y entre los soldados voluntarios.

Del total, 14.614 pertenecían al Ejército, 2.971 a la Fuerza Aérea y 1.074 a la Armada, lo que deja a las Fuerzas Armadas con un plantel de unos 83.000 efectivos. La mayoría de las bajas correspondió a soldados voluntarios, especialmente en Buenos Aires y Córdoba, donde las alternativas laborales en el sector privado resultan más atractivas.

El informe atribuye la situación a retrasos salariales, problemas en la cobertura de salud y limitaciones de equipamiento. La obra social militar, IOSFA, acumula una deuda de $210.000 millones que afecta la atención médica de los efectivos. Los salarios también muestran brechas: mientras un capitán percibe cerca de $1.100.000, los suboficiales cobran entre $765.000 y $853.000, cifras que en algunos casos no cubren el costo de vida.

Otro punto crítico es el equipamiento obsoleto: en varias unidades aún se utilizan fusiles FAL de más de 70 años y las prácticas de tiro están restringidas por la escasez de municiones.

Aunque en la conducción militar relativizan el fenómeno al señalar que parte de las bajas corresponden a retiros habituales, la magnitud de las salidas plantea un desafío estructural para el Gobierno en materia de defensa.