Con el aumento de transferencias bancarias y operaciones mediante billeteras virtuales, la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó nuevos umbrales de control que rigen desde junio y se mantendrán durante septiembre y octubre. El objetivo es reforzar la trazabilidad del dinero y prevenir operaciones sin respaldo.

Según la Resolución General 5512/2024, los bancos y fintech deberán pedir documentación cuando se superen ciertos montos. Entre los principales límites figuran:

• Transferencias o acreditaciones: $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.
• Extracciones en efectivo: $10 millones.
• Saldos bancarios al cierre de mes: $50 millones para individuos y $30 millones para empresas.
• Plazos fijos: $100 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas.
• Compras como consumidor final: hasta $10 millones sin control adicional.
• Tenencias en sociedades de bolsa: $100 millones (físicas) y $30 millones (jurídicas).

Cuando los fondos provienen de operaciones legítimas —venta de un inmueble, vehículo o un trabajo facturado— no deberían surgir inconvenientes, aunque las entidades pueden retener el dinero hasta que se presente la documentación correspondiente.

ARCA suele requerir contratos de compraventa, facturas, recibos de sueldo o certificados de origen de fondos emitidos por contadores. En caso de no poder justificar el dinero, el organismo puede congelar las cuentas, aplicar sanciones e incluso escalar el caso a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Además de los controles, las transferencias bancarias están alcanzadas por impuestos: el Impuesto a los Ingresos Brutos (2,5%) y el Impuesto al Cheque (0,6%), aplicados según el receptor de la operación.

Los especialistas recomiendan anticipar operaciones de gran volumen a las entidades financieras, mantener respaldos en orden y evitar maniobras sospechosas, como fraccionar transferencias para eludir topes, ya que eso genera más alertas.