El proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Ejecutivo al Congreso estima que el Estado dejará de percibir $35,3 billones en concepto de “gastos tributarios”, cifra que equivale al 3,4% del PBI. Se trata de exenciones y regímenes de promoción que otorgan un tratamiento impositivo diferencial a determinados sectores, desde los jueces hasta la industria tecnológica y la producción en Tierra del Fuego.

De acuerdo al documento oficial, $30,4 billones corresponden a tratamientos especiales en impuestos como IVA y Ganancias, mientras que $4,8 billones se asignan a regímenes de promoción económica. Entre las exenciones más relevantes figuran los ingresos de magistrados y funcionarios judiciales ($881.676 millones), asociaciones civiles, mutuales y cooperativas ($868.914 millones), y prestaciones médicas a obras sociales e intereses de préstamos para vivienda.

En materia de regímenes especiales, el de mayor impacto sigue siendo el Régimen de Promoción Económica de Tierra del Fuego, que representará $1,79 billones (0,17% del PBI). Le siguen la promoción minera ($595.896 millones) y el Régimen de Economía del Conocimiento ($491.460 millones), destinado a impulsar actividades vinculadas a los servicios digitales y tecnológicos.

En conjunto, estos beneficios fiscales reflejan las prioridades del Gobierno en sectores estratégicos, aunque también suponen una fuerte resignación de recursos para las arcas públicas.