El Gobierno promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, que regirá hasta diciembre de 2026, tras el rechazo del Congreso al veto presidencial. Sin embargo, la norma quedó suspendida hasta que el Poder Legislativo determine las fuentes de financiamiento y asigne las partidas correspondientes en el Presupuesto nacional.

La medida se oficializó mediante el Decreto 681/2025 en el Boletín Oficial. Según cálculos oficiales, la aplicación de la ley demandaría más de $3 billones en 2025 —equivalente al 0,35% del PBI— y cerca del 0,5% en 2026, por la creación de una nueva pensión, la ampliación del Programa Incluir Salud y compensaciones a prestadores. El Ejecutivo argumentó que el presupuesto vigente no dispone de créditos suficientes para cubrir ese costo.

El presidente Javier Milei ya había vetado la norma en agosto, al advertir que sin previsión presupuestaria “se ponía en riesgo la sostenibilidad del régimen de atención”. Sin embargo, el Congreso insistió con la sanción por mayoría especial, obligando al Ejecutivo a promulgarla en cumplimiento de la Constitución.

En paralelo, el Gobierno dispuso una reasignación de partidas mediante la Decisión Administrativa 24/2025 para reforzar los fondos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) desde el 1° de octubre, con el objetivo de responder a los reclamos de prestadores mientras se define el esquema de financiamiento de la nueva ley.