El Gobierno argentino presentó este jueves su primer escrito ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, en el marco de la estrategia judicial para frenar la orden de la jueza Loretta Preska que dispuso la entrega de acciones de YPF al fondo Burford como parte de pago de la condena por US$16.000 millones derivada de la estatización de la petrolera en 2012.

La Corte había suspendido de manera provisoria la medida y fijó un cronograma clave: el 29 de octubre se realizará la audiencia oral en la que la Argentina buscará revertir el fallo de primera instancia. Esa fecha será tres días después de las elecciones legislativas nacionales.

El calendario continuará con nuevas presentaciones: el 14 de noviembre responderán los demandantes y el 12 de diciembre el Gobierno presentará su réplica. Recién después, el tribunal analizará los argumentos y podría convocar a una audiencia de resolución en 2026.

Mientras tanto, YPF sigue bajo control estatal y el Ejecutivo refuerza su estrategia legal para reducir el impacto económico y político del caso.

En paralelo, la Procuración del Tesoro informó un resultado favorable en otro litigio internacional: logró que el Ciadi redujera en un 20% la indemnización en la causa Webuild c/ República Argentina, vinculada a la concesión de la conexión vial Rosario–Victoria. De esta forma, la condena pasó de US$147 millones a US$117 millones, con un ahorro estimado de US$30 millones para el Estado.