La República Argentina presentó en la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York los fundamentos para revertir la orden que obliga a entregar el 51% de las acciones de YPF, en el marco del litigio con Burford Capital, beneficiario del fallo de primera instancia de 2023 que impuso al país el pago de más de USD 18.000 millones.

La defensa, encabezada por la Procuración del Tesoro y el estudio Cleary Gottlieb, sostuvo que la decisión de la jueza Loretta Preska viola la inmunidad soberana argentina, al pretender embargar activos que no están en EE.UU. ni fueron utilizados con fines comerciales. Argumentó además que la medida contradice la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA), el derecho argentino y principios internacionales como la doctrina del acto de Estado.

El Gobierno estadounidense ya había advertido que la orden “no tiene precedentes” y que podría exponer a activos norteamericanos a represalias en el exterior.

El cronograma judicial fija que el 14 de noviembre vence el plazo para que Burford presente sus argumentos escritos, mientras que el 12 de diciembre será el turno de la réplica argentina y la solicitud de audiencia. La resolución sobre la entrega de las acciones quedará atada al tratamiento de la apelación principal sobre el fallo condenatorio.

Argentina anticipó que no negociará con Burford y agotará todas las instancias posibles, incluso llegar a la Corte Suprema de EE.UU.