Uruguay se convirtió este miércoles en el noveno país del mundo en legalizar la eutanasia, tras la aprobación de una ley en el Senado que garantiza este derecho a pacientes con enfermedades terminales o sufrimientos irreversibles. De esta manera, el país se une a una reducida lista integrada por Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Nueva Zelanda, Colombia y Ecuador.

La eutanasia, a diferencia del suicidio asistido, implica que el médico active directamente el procedimiento que provoca la muerte del paciente. En cambio, en el suicidio asistido el profesional solo suministra los fármacos necesarios para que el paciente los administre por su cuenta. Este último está permitido en países como Suiza, así como en algunos estados de Estados Unidos (California, Oregón, Vermont, entre otros) y regiones de Australia.

El primer país en aprobar la eutanasia fue Países Bajos, en 2002, seguido poco después por Bélgica, que también la extendió a niños con enfermedades terminales. En América Latina, Colombia fue pionera al reconocerla judicialmente en 1997, y Ecuador la despenalizó en 2024 tras un fallo histórico de su Corte Constitucional.

En Argentina, tanto la eutanasia como el suicidio asistido continúan prohibidos. No obstante, desde 2012 rige la Ley de “Muerte Digna”, que permite a pacientes terminales o a sus familias rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida o el sufrimiento. Este marco legal se conoce como “eutanasia pasiva”, ya que habilita a suspender medidas médicas desproporcionadas, pero no a provocar la muerte del paciente.

El doctor Ariel Antik, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Durand, explicó que esta ley garantiza el derecho del paciente a rechazar procedimientos médicos invasivos y a recibir sedación paliativa cuando corresponda. “Esto no es eutanasia, sino dejar que el paciente siga su curso natural hacia la muerte sin prolongar el sufrimiento”, precisó.

Con la decisión uruguaya, América del Sur suma su segundo país en reconocer legalmente la eutanasia, un debate que continúa abierto en la región sobre el derecho a una muerte digna y la autonomía personal frente al final de la vida.