El Gobierno nacional promulgó las leyes de financiamiento universitario y de emergencia sanitaria pediátrica, conocidas como Ley Garrahan, cuyos vetos habían sido rechazados por el Congreso. Sin embargo, su aplicación quedó postergada hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se asignen los fondos correspondientes en el Presupuesto Nacional.

Ambas normas buscan mejorar el sistema educativo y sanitario. La ley universitaria garantiza presupuestos actualizados por inflación, salarios dignos para docentes y no docentes, paritarias mensuales y becas para estudiantes en situación de vulnerabilidad.

Por su parte, la ley pediátrica apunta a fortalecer la atención médica infantil, especialmente en áreas críticas como oncología y neonatología, y a mejorar las condiciones laborales de los residentes médicos.

A través del Decreto 760/2025, publicado este martes, el Ejecutivo argumentó que la postergación se debe a la falta de recursos en el Ministerio de Salud y a la necesidad de no afectar otros programas esenciales.

La medida representa un nuevo revés político para el presidente Javier Milei, ya que ambas leyes habían sido aprobadas pese a su intento de veto.