A un año de su implementación, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) acumula 20 presentaciones por USD 34.422 millones, de las cuales 8 ya fueron aprobadas, equivalentes al 40% del total. Los proyectos, concentrados en energía, minería y siderurgia, implican inversiones por USD 15.729 millones y la creación de unos 18.000 empleos directos e indirectos.

Entre las iniciativas más importantes figuran el buque de GNL de Golar y PAE (USD 6.878 millones), el oleoducto Vaca Muerta Sur (USD 3.000 millones) y el proyecto de litio de Rio Tinto (USD 2.744 millones). En contraste, la única propuesta rechazada fue la de Ganfeng Lithium, por haber comenzado antes de la sanción del régimen.

Pese a las críticas por la “lentitud” en las aprobaciones, desde el Ministerio de Economía aseguran que las demoras responden a una “evaluación rigurosa” para garantizar que las inversiones sean genuinas y generen exportaciones y empleo. Según el viceministro Daniel González, el RIGI es un “éxito total”, ya que permitió acelerar proyectos que estaban en duda y destrabar nuevos planes en sectores como oro, cobre, puertos, energía eólica y midstream petrolero.

El cronograma de ingreso de divisas no es público, aunque las empresas deben invertir al menos USD 80 millones en los primeros años. En minería, por ejemplo, los desembolsos más grandes se concentran a partir de 2027, cuando comienzan las fases de construcción.

Desde la oposición, algunos economistas y legisladores sostienen que varios de los proyectos se habrían concretado igual sin el RIGI, y cuestionan los amplios beneficios fiscales y cambiarios que otorga por 30 años. Sin embargo, el sector privado destaca que el régimen ofrece seguridad jurídica y acceso a financiamiento internacional, algo que —según advierten— “ningún otro marco legal garantizaba en Argentina”.