La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el procesamiento de 14 funcionarios de la provincia de Santa Cruz y un representante técnico, acusados de haber participado en el direccionamiento de la obra pública a favor del empresario Lázaro Báez. La medida incluye el embargo de bienes por un total de $8000 millones.

El fallo, firmado por los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la Sala II, ratifica la resolución del juez federal Julián Ercolini, quien había determinado que los funcionarios incumplieron sus deberes públicos al omitir controles y verificaciones clave.

Según la resolución, los acusados habrían facilitado la maniobra de corrupción investigada en la Causa Vialidad, por la cual Cristina Fernández de Kirchner cumple una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Entre los procesados figuran Guillermo Fabián Torres, Orlando Marino Taboada Ovejero, Jorge Ricardo Pasiecznik, Víctor Hugo Paniagua, Claudia Viviana Oliva, Gerardo Daniel Mansilla, Carlos Alberto Mancilla, Roberto Antonio Lillo, María Lorena Lencina Albornoz, Manuel Ángel Díaz, Juan Carlos Cerrato, Guillermo Horacio Cantero, Alba Lilia Josefa Cabrera, Juan Gelves y José Carlos Pistán.

La Cámara sostuvo que las irregularidades no fueron hechos aislados ni simples errores administrativos, sino parte de “una estructura sostenida durante más de una década, orientada al favorecimiento sistemático de un grupo empresario determinado”.