En medio del debate por la reforma laboral, un informe elaborado por el equipo de Federico Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado expuso el impacto millonario de los aportes sindicales obligatorios. Según el relevamiento, los gremios recaudan cerca de $2 billones al año, equivalentes a más de US$1300 millones, mediante contribuciones compulsivas que alcanzan incluso a trabajadores no afiliados.

El estudio, que analizó más de 50 convenios colectivos, detectó múltiples mecanismos de cobro bajo conceptos como “aporte solidario”, además de pagos destinados a cámaras empresariales o institutos controlados por los sindicatos.

En algunos casos, los montos por empleado resultan exorbitantes. El gremio de encargados de edificios, por ejemplo, aplica un 2% de aporte solidario más un 7,5% adicional, lo que representa $1,3 millones por trabajador al año. En el Sindicato de Camioneros, con más de 240.000 afiliados, la recaudación anual ronda los $206.000 millones (unos $845.000 por trabajador). En el comercio, donde se agrupan 1,2 millones de empleados, los aportes alcanzan el billón de pesos, y en sectores como construcción, gastronómicos y metalúrgicos, los montos por empleado también superan el millón o se acercan a esa cifra.

Sturzenegger calificó estas prácticas como “una suerte de impuesto privado que no corresponde”, y sostuvo que el esquema vigente refleja un sistema “arcaico y coercitivo” que, a su juicio, desalienta el empleo formal.

El Gobierno analiza medidas para limitar los aportes compulsivos y garantizar la libertad de asociación sindical, en el marco del paquete de reformas laborales que el Ejecutivo pretende impulsar antes de fin de año.