El Gobierno evalúa postergar la convocatoria a sesiones extraordinarias hasta después del recambio legislativo, previsto para el 10 de diciembre. La estrategia apunta a que los principales proyectos del oficialismo —como la reforma laboral, la reforma tributaria, la modificación del Código Penal y el Presupuesto 2026— sean tratados con una nueva correlación de fuerzas en ambas cámaras.

Aunque el presidente Javier Milei aún no definió la fecha exacta, en la Casa Rosada hay consenso en que las extraordinarias se realicen entre diciembre y febrero, evitando un llamado antes de que concluya el período ordinario, el 30 de noviembre.

La Ley de Presupuesto 2026 es considerada prioritaria por el Ejecutivo, que prefiere debatirla con el nuevo Congreso para asegurar un dictamen favorable sin modificaciones que alteren el equilibrio fiscal. Pese a ello, La Libertad Avanza (LLA) logró ayer el dictamen de mayoría en la comisión de Presupuesto, lo que generó preocupación en la oposición. “Si ahora lograron esto, imaginate en diciembre”, admitió una fuente parlamentaria.

Desde el oficialismo confirmaron que, aun con dictamen, el proyecto se debatirá recién en sesiones extraordinarias. En la Cámara de Diputados, tanto el Gobierno como la oposición reconocen que nadie tiene hoy los números necesarios para alcanzar quórum.

La falta de consenso entre los bloques opositores agrava el escenario. En la comisión de Presupuesto se presentaron tres dictámenes: Unión por la Patria obtuvo 20 firmas, la Izquierda una y los bloques dialoguistas seis, reflejando la fragmentación de la oposición.

Mientras tanto, Diego Santilli, ministro del Interior designado, inició conversaciones con gobernadores y referentes legislativos para construir los acuerdos necesarios que permitan avanzar con las reformas estructurales que el Gobierno planea impulsar en las sesiones extraordinarias.