El Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, avanza en la creación de un sistema de vouchers o cupones de formación que reemplazará gradualmente los actuales planes sociales de transferencia directa. El objetivo es transformar la asistencia estatal en un mecanismo que inserte a los beneficiarios en el mercado laboral mediante capacitaciones certificadas en empresas privadas.

La iniciativa comenzará con una prueba piloto en el Centro de Formación de Capital Humano, y busca “romper con la lógica asistencialista” de las últimas décadas. Según fuentes oficiales, los vouchers funcionarán como una “moneda de capacitación” que podrá canjearse por cursos y entrenamientos en compañías o instituciones adheridas, de acuerdo con el perfil de cada beneficiario.

Entre las firmas interesadas en participar figuran Sinteplast, que ya dicta talleres de pintura profesional, y Arcos Dorados (McDonald’s), que firmó un convenio para incorporar trabajadores desempleados. El esquema prevé que el Estado aporte la infraestructura y las empresas los contenidos, materiales y certificaciones.

El proyecto se implementará inicialmente en la Ciudad de Buenos Aires y se extenderá a provincias y municipios en 2026, en coordinación con gobernadores e intendentes. Desde el ministerio aclararon que las capacitaciones deberán contar con certificación oficial y prácticas concretas, descartando cursos sin salida laboral.

La reforma se desarrolla en paralelo con la reconversión del programa Potenciar Trabajo, que en 2024 se dividió en Volver al Trabajo (VAT) y Acompañamiento Social (PAS). El primero, bajo la órbita de Empleo, incluye cerca de un millón de beneficiarios; el segundo, destinado a mayores de 50 años y madres con hijos pequeños, alcanza a 200 mil personas.

Pese a las críticas de las organizaciones sociales, que reclaman una actualización de los haberes congelados desde 2023 y un bono de emergencia, el Ejecutivo ratifica que “la prioridad es el capital humano, no el subsidio perpetuo”.

En los últimos meses, Pettovello ordenó una auditoría interna que derivó en la suspensión de más de 70 mil beneficiarios y la baja de 2.200 planes, en un intento por “transparentar el padrón” y redirigir los recursos hacia quienes más los necesitan.

El nuevo esquema también busca reducir la intermediación de los movimientos sociales, permitiendo que los beneficiarios se inscriban directamente en las capacitaciones. No obstante, el desafío será garantizar la financiación y la cooperación del sector privado, en un contexto de tensión social y protestas convocadas por la UTEP, que exige aumentos y la restitución de los planes dados de baja.

Desde la Casa Rosada aseguran que la salida “no es volver al subsidio”, sino apostar a la educación, la formación y el trabajo formal como ejes de la nueva política social.