El Tribunal Oral Federal N.º 2 (TOF 2) ordenó avanzar sobre el patrimonio de Cristina Fernández de Kirchner y del resto de los condenados en la causa Vialidad, con el objetivo de cubrir los $685.000 millones correspondientes al decomiso por el perjuicio ocasionado al Estado. La medida alcanza también al empresario Lázaro Báez, José López, Nelson Periotti y otros imputados.

La decisión, tomada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, se aplica sobre 20 propiedades vinculadas a la familia Kirchner: una perteneciente directamente a la expresidenta y otras 19 heredadas por sus hijos, Máximo y Florencia, en partes iguales y a título gratuito.

El TOF 2 recordó que la ejecución patrimonial es una consecuencia directa de la condena por administración fraudulenta, que quedó firme en junio tras el aval de la Corte Suprema. El Tribunal sostuvo que el decomiso busca impedir que los delitos generen beneficios económicos y revertir sus efectos patrimoniales.

La instancia de ejecución se activó luego de que los condenados no cumplieran con la intimación a pagar voluntariamente el monto actualizado del decomiso en un plazo de diez días hábiles. Ante la falta de pago, se dispuso la ejecución forzosa para cubrir los casi $685.000 millones reclamados.