El gobierno de Javier Milei decidió no prorrogar las emergencias que, durante dos años, habilitaron el proceso de desregulación mediante facultades delegadas. Desde el 31 de diciembre, el Ejecutivo perderá ese margen extraordinario otorgado por el Decreto 70/2023 y cualquier nuevo cambio normativo deberá pasar por el Congreso.

En la Casa Rosada aseguran que el escenario político del próximo año permite un giro estratégico: Milei apostará a la nueva mayoría en Diputados —reforzada por el pase de tres legisladores de La Liga del Interior— y a la alianza con el PRO, sectores de la UCR y gobernadores afines, para sostener decretos y avanzar con las reformas laboral, penal, impositiva y educativa.

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y principal impulsor del esquema que vence a fin de año, cuenta aún con una última ventana de 29 días hábiles para impulsar recortes normativos antes de depender del trámite legislativo. Durante los dos primeros años de gestión, el funcionario modificó o eliminó 1.384 normas y más de 10 mil artículos; unas 500 disposiciones fueron restituidas por el Congreso, pero el Gobierno afirma que el balance es favorable.

Con 91 bancas propias desde diciembre y el acompañamiento de aliados, el oficialismo confía en tener los votos para blindar decretos y aprobar el paquete de reformas previsto para 2026. En ese marco, el proyecto de Presupuesto 2026 no incluye pedidos de emergencia ni delegación de facultades, aunque el Ejecutivo no descarta recurrir a ellas si las condiciones económicas o sociales lo exigieran.

En el oficialismo predomina la idea de que Milei atraviesa un momento político propicio: mayorías más estables en Diputados y gobernadores atentos a negociaciones fiscales permiten —según fuentes del Gobierno— encarar la próxima etapa de reformas sin depender de herramientas excepcionales.