El gobierno de Javier Milei inició una ofensiva sobre bancos, empresas energéticas, bingos, billeteras virtuales, prepagas y entidades financieras, a las que acusa de inflar pérdidas impositivas y declarar quebrantos de forma irregular. Según estimaciones de la Dirección General Impositiva (DGI), el Estado habría perdido alrededor de $100.000 millones por diferencias en la valuación de títulos públicos y el ajuste por inflación aplicado a las pérdidas.

En el caso de los bancos, la deuda notificada supera los $28.360 millones. La DGI sostiene que estas entidades aplican ajustes por inflación sobre quebrantos sin respaldo legal. Situación similar ocurrió con las energéticas, aunque en este sector el Gobierno asegura haber logrado correcciones para que tributen según lo previsto por Ganancias.

La industria del juego también está bajo la lupa, con una deuda fiscalizada de $11.457 millones y otra cifra similar en proceso de cálculo, que podría llevar el monto reclamado a unos $22.000 millones.

Las prepagas y billeteras virtuales enfrentan observaciones por más de $10.000 millones ligados al mismo mecanismo de ajuste de pérdidas. Entre las financieras investigadas sobresale Sur Finanzas PSP, del empresario Ariel Vallejos —cercano a Claudio “Chiqui” Tapia—, señalada por no declarar correctamente sus ganancias. La firma mantiene vínculos con múltiples clubes del fútbol argentino, incluidos Racing, Barracas Central, Platense, Atlanta y equipos del sur del conurbano bonaerense.

El Gobierno considera que estas acciones forman parte de una estrategia para recuperar ingresos y ajustar prácticas contables que, según la DGI, favorecían maniobras de evasión o subdeclaración.