En el marco de la causa Vialidad, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizan sumar al pedido de decomiso el departamento de 232 m² ubicado en el barrio porteño de Constitución, donde Cristina Kirchner cumple su condena de seis años. El inmueble, adquirido en 2010 por unos US$ 300.000, figura a nombre de Hotesur, la firma hoy controlada por Máximo y Florencia Kirchner, cuyos bienes están embargados por presunto lavado de dinero.

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ya había ordenado el decomiso de 80 propiedades de Lázaro Báez, además de un terreno de 6.000 m² de Cristina Kirchner en El Calafate y 19 inmuebles cedidos a sus hijos.

La defensa de la expresidenta sostiene que no existe un vínculo directo entre los bienes y los delitos investigados, y que la medida no debería alcanzar a Máximo y Florencia Kirchner. Sin embargo, el tribunal aclaró que el decomiso no exige una “trazabilidad científica” y que basta con una coincidencia temporal y razonabilidad económica.

La resolución permite avanzar sobre bienes transformados, sustituidos o mezclados, así como sobre propiedades de personas no condenadas. Tras la tasación de los activos ya embargados, si resultan insuficientes, la Justicia podría extender el decomiso a otros condenados en la causa, como José López y Raúl Daruich.