La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia penal contra Sur Finanzas PSP S.A., una empresa proveedora de servicios de pago registrada en el Banco Central, al detectar movimientos que podrían encuadrar en lavado de activos y evasión tributaria agravada. La firma ya había sido allanada días atrás en el marco de la causa por presunto desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La presentación fue realizada por la jefa de Penal Tributaria de la DGI, María Belén Cionci, quien detalló que la investigación comenzó en abril de 2024, cuando la empresa aún operaba bajo el nombre NEBLOCKCHAIN S.A. Según el escrito, la actividad de la financiera se intensificó desde noviembre de 2023 mediante su plataforma de pagos, con servicios como billeteras electrónicas, cobros por QR y links de pago.

La AFIP detectó transferencias millonarias provenientes de clientes sin capacidad económica real para operaciones de tal magnitud. En la denuncia se señaló que la firma habría actuado “en connivencia con terceros” ocultos detrás de sujetos apócrifos, monotributistas o contribuyentes no categorizados. El organismo informó que Sur Finanzas movilizó más de $818.000 millones en billeteras virtuales durante el período investigado.

Del total de movimientos, el 31% correspondió a personas no categorizadas y el 27% a monotributistas de baja capacidad económica. La AFIP también identificó que empresas consideradas no confiables realizaron operaciones por más de $72.000 millones en 2024, y que entre enero y abril de 2025, 26 firmas de esa categoría movilizaron unos $35.000 millones.

La denuncia también apunta a posibles irregularidades en el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios: se registraron operaciones por más de $277.000 millones que habrían evitado la detracción correspondiente, generando una diferencia presunta de más de $3.300 millones. Según el organismo, la firma no aplicó las alícuotas requeridas y habría utilizado sujetos interpuestos para eludir obligaciones tributarias.

ARCA pidió allanamientos, embargos e intervención de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa, que continúa avanzando en paralelo a la investigación por corrupción en la ANDIS.