La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó envuelta en una fuerte polémica tras una resolución de su Tribunal de Ética que determinó que Claudio “Chiqui” Tapia no encuadra como Persona Expuesta Políticamente (PEP), una categoría clave para los controles reforzados de prevención del lavado de dinero. La decisión se conoció mientras la Justicia investiga movimientos financieros vinculados a Sur Finanzas, una empresa cercana al dirigente.

El fallo se basó principalmente en declaraciones juradas del propio Tapia, sin informes externos que respaldaran la decisión, lo que generó críticas tanto en el ámbito deportivo como judicial. La condición de PEP implica controles bancarios más estrictos, supervisión sobre el origen de los fondos y monitoreo reforzado por parte de organismos como la UIF.

Fuentes judiciales y del sistema financiero remarcaron que la resolución interna no es vinculante para la Unidad de Información Financiera, que puede aplicar controles o investigar operaciones sospechosas sin considerar lo decidido por la AFA.

El dictamen sostiene que las funciones de Tapia —al frente de una organización que maneja recursos millonarios y mantiene vínculos permanentes con el poder político— no lo convierten en PEP. Sin embargo, especialistas advierten que la definición no depende solo del cargo formal, sino del nivel de influencia y del manejo de fondos relevantes, factores que en este caso ameritaban un análisis más profundo.

El fallo también reavivó las miradas sobre la evolución patrimonial del presidente de la AFA, cuyos ingresos muestran incrementos significativos en los últimos años. Aunque desde su entorno aseguran que todo está justificado, fuentes cercanas a la investigación admiten que estos datos forman parte del análisis judicial.

Desde la AFA minimizaron la controversia y calificaron la resolución como una “cuestión administrativa interna” que no modifica la situación judicial del dirigente.