El Gobierno nacional avanza en una profunda modificación del Conicet que planea implementar a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). La iniciativa apunta a cambiar el sistema de gobernanza del organismo para que el Poder Ejecutivo tenga mayor injerencia en la definición del plan de investigaciones y en la asignación de fondos.

La reforma comenzó a diseñarse antes de las elecciones legislativas y fue postergada por el clima político. Ahora, en Casa Rosada aseguran que la decisión es avanzar en el corto plazo. El objetivo central, señalan, es “reordenar los incentivos” y orientar la producción científica hacia áreas consideradas prioritarias para el desarrollo productivo.

El esquema que impulsa Balcarce 50 propone otorgar autonomía regional y trasladar a las universidades la responsabilidad de centralizar los procesos de investigación. Cada institución académica definiría los proyectos según las necesidades productivas de su distrito. En el oficialismo lo describen como un paso clave para la “modernización de la producción”, especialmente en provincias con actividad minera o energética. “Queremos evitar que en Catamarca se investiguen fantasías de Batman”, grafican en el Gobierno.

El Conicet cuenta actualmente con 26.781 trabajadores —11.800 investigadores, 10.300 becarios, 2.800 técnicos y 1.400 administrativos— y un presupuesto de $580.000 millones. Su estructura incluye 17 Centros Científico Tecnológicos, 7 Centros de Investigaciones y Transferencia, un Centro Multidisciplinario y más de 300 institutos vinculados a universidades.

La conducción del organismo está compuesta por un directorio de ocho miembros y un presidente, Daniel Salamone, designado por el Ejecutivo. Los integrantes surgen de ternas propuestas por investigadores, universidades, sectores productivos y organismos provinciales, con mandatos de cuatro años.

Si bien el Gobierno frenó por ahora una reestructuración más amplia, sí busca modificar el sistema de ingresos para excluir perfiles de ciencias sociales y humanidades y priorizar especialistas en áreas como energía, minería y salud.

En la Casa Rosada admiten que hubo múltiples borradores del DNU, ya revisados por los equipos de Federico Sturzenegger y de la Secretaría Legal y Técnica, encabezada por María Ibarzabal. “Solo falta definir cuándo sale”, afirman fuentes oficiales.