El Gobierno de Javier Milei difundió el proyecto final de reforma laboral que enviará al Congreso, una iniciativa que busca modernizar las normas de trabajo y modificar aspectos clave como vacaciones, indemnizaciones, despidos, organización de la jornada y regímenes especiales. El texto surge del Consejo de Mayo, donde participaron funcionarios, legisladores, gobernadores, empresarios y gremios, estos últimos en su mayoría en desacuerdo con la iniciativa.

Vacaciones:
El proyecto mantiene los mínimos legales vigentes pero habilita que empleadores y trabajadores acuerden ampliar el período vacacional. Se fija que el empleador debe otorgarlas entre el 1° de octubre y el 30 de abril, notificarlas con 30 días de anticipación y que cualquier fracción no podrá ser menor a siete días. Se garantiza que, al menos una vez cada tres años, el descanso incluya el verano.

Banco de horas:
La propuesta permite pactar un sistema voluntario de compensación de horas extras mediante un “banco de horas”, que deberá quedar por escrito y registrar con precisión las horas trabajadas. Los convenios podrán calcular la jornada por promedios, respetando descansos mínimos de 12 horas entre jornadas y 35 horas semanales.

Indemnizaciones y despidos:
El proyecto habilita reemplazar la indemnización tradicional por fondos o seguros de cese laboral financiados por aportes patronales. Se excluyen del cálculo de la base indemnizatoria las sumas extraordinarias y se establecen topes: la remuneración considerada no podrá superar tres veces el salario promedio del convenio.
Para despidos sin causa, se mantiene el pago de un mes por año trabajado. El trabajador podrá optar entre reincorporación o indemnización cuando un despido sea declarado inválido.

Salarios y documentación laboral:
Se impulsa la digitalización obligatoria de recibos, planillas y certificados médicos, equiparando su validez a la documentación en papel. Se precisan qué conceptos integran la remuneración normal y habitual y se habilita a la autoridad laboral a requerir datos adicionales para mayor transparencia.

Enfermedades y ausencias:
Se formaliza el uso de certificados médicos digitales y se establece un sistema centralizado de control. La reincorporación depende del alta médica definitiva, y mientras eso no ocurra, no será obligatorio asignar tareas alternativas.

Regímenes especiales:
Para casas particulares, el período de prueba se amplía a seis meses y los recibos serán totalmente electrónicos. En el sector agrario se crea un contrato permanente con prueba de ocho meses, negociaciones colectivas garantizadas y salarios que no pueden quedar por debajo del mínimo vital y móvil.

Fondos de Asistencia Laboral:
Se crean los FAL, financiados con aportes patronales del 3% del salario, destinados a respaldar despidos en el sector privado.

Repartidores de aplicaciones:
Se incorpora un régimen específico para trabajadores de plataformas: deberán registrarse en ARCA, aportar, contar con cobertura social y tener derecho a rechazar pedidos, conocer causas de bloqueos y recibir el 100% de las propinas.

Convenios colectivos y ultraactividad:
La propuesta elimina la ultraactividad de los convenios: una vez vencidos, solo se mantienen las condiciones vigentes hasta que haya un nuevo acuerdo. La autoridad laboral podrá suspender cláusulas si generan distorsiones económicas.

Conflictos sindicales y judicialización:
Se reducen a diez horas mensuales los créditos horarios sindicales, se exige autorización para realizar asambleas dentro del lugar de trabajo —tiempo no remunerado—, y se consideran “muy graves” los bloqueos y tomas de establecimientos.
En materia judicial, se penaliza la “pluspetición inexcusable” y se agiliza el reporte de empleo no registrado.

Formalización laboral:
El proyecto crea un Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), con beneficios temporales para empleadores que incorporen trabajadores no registrados.

La CGT ya anticipó su rechazo, mientras el oficialismo apuesta a un debate legislativo rápido en sesiones extraordinarias.