El Gobierno presentó en el Senado un proyecto de reforma laboral que busca redefinir el esquema de despidos, reducir la litigiosidad y recortar obligaciones históricas de los sindicatos. La iniciativa será debatida en sesiones extraordinarias y es considerada por la Casa Rosada como un pilar del plan económico para 2026.

El texto propone reemplazar las indemnizaciones tradicionales por un Fondo de Asistencia Laboral (FAL), financiado con un aporte mensual del 3% de la base salarial ya utilizada para contribuciones patronales. El fondo será administrado por entidades supervisadas por la CNV y deberá mantener mecanismos de inversión que resguarden los aportes frente a la inflación. Según el Ejecutivo, el sistema tendrá “costo cero” para trabajadores y empleadores y dará alivio a las pymes ante eventuales despidos.

La reforma también introduce cambios estructurales en el funcionamiento sindical. Los recibos de sueldo deberán detallar los aportes que financian a los gremios, y las empresas dejarán de estar obligadas a retener las cuotas sindicales: esa operatoria será optativa y requerirá autorización expresa del trabajador. Con esto, los gremios deberán implementar sistemas de recaudación propios.

El proyecto incorpora además precisiones en criterios que generaban fallos contradictorios en la Justicia laboral —como la exclusión del aguinaldo del cálculo indemnizatorio— y avanza en el traspaso del fuero laboral nacional a la Ciudad de Buenos Aires.

Durante la redacción, el Ejecutivo mantuvo reuniones con la CGT, aunque sin acuerdos completos. En el Gobierno afirman que la reforma permitirá un mercado laboral más formalizado, con menos costos ocultos y reglas más claras para fomentar el empleo joven. El objetivo es aprobarla antes de fin de año e iniciar 2026 con un nuevo esquema laboral.