Mientras el Gobierno impulsa una reforma de la legislación laboral, se multiplican los reclamos de pequeñas y medianas empresas que denuncian fallos judiciales desproporcionados. El último caso es el de El Bahiense, una firma de aditivos alimenticios cuyo dueño, Mario Fiore, enfrenta una condena laboral que, por la aplicación de intereses, asciende a unos $250 millones tras la demanda de un ex empleado.

Según relató el empresario, el conflicto se originó luego de que el trabajador —con 12 años de antigüedad— se ausentara durante un año por problemas psicológicos con goce de sueldo. Al reincorporarse, habría provocado la pérdida de un proceso productivo de 3.000 kilos, lo que derivó en una suspensión de 15 días. El empleado se consideró despedido y avanzó con la demanda judicial.

La sentencia, dictada el 13 de junio, había fijado inicialmente una indemnización de poco más de $3 millones, pero el monto se incrementó de forma exponencial por la actualización aplicada por la jueza Lucrecia Pedrini, la misma magistrada que intervino en el denominado “caso Piegari”.

Fiore aseguró que la empresa, que cuenta con 72 empleados registrados, cumple con todas sus obligaciones fiscales y laborales, y advirtió que este tipo de fallos pone en riesgo la continuidad de las pymes. “No se puede seguir castigando a las empresas”, sostuvo, al tiempo que cuestionó las tasas de interés aplicadas y el accionar de los abogados intervinientes.

El caso de El Bahiense se suma a otros recientes, como los de los restaurantes Piegari y la micropyme textil Naranja Mandarina, que enfrentan demandas y embargos por montos muy superiores a su facturación. Estas situaciones reavivan el debate sobre el funcionamiento de la justicia laboral y su impacto en la sostenibilidad de las pequeñas y medianas empresas.