El Gobierno nacional sostuvo que el Presupuesto 2026 que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados ya no le resulta viable, al considerar que la eliminación del Capítulo XI compromete el objetivo de déficit cero. Desde la Casa Rosada afirmaron que el texto aprobado obliga al Presidente a administrar un presupuesto sin superávit primario, algo que el oficialismo considera inaceptable.

La Libertad Avanza logró la aprobación general del Presupuesto con 132 votos, en lo que significó su primer avance de este tipo en el Congreso. Sin embargo, el rechazo al Capítulo XI —que contemplaba la derogación de leyes como la Emergencia en Discapacidad y el Financiamiento Universitario— fue interpretado por el Ejecutivo como un golpe político y fiscal. Según fuentes oficiales, esas normas generan obligaciones de gasto que ponen en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.

En el Gobierno responsabilizan a seis gobernadores por el resultado de la votación, con especial énfasis en Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), cuyos legisladores no acompañaron al oficialismo pese a acuerdos previos y transferencias recientes de Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Ante este escenario, el oficialismo evalúa distintas estrategias: demorar el envío del proyecto al Senado, intentar modificar la redacción para reincorporar el capítulo rechazado o directamente vetar la ley si se sanciona sin cambios. En el Ejecutivo consideran que los bloques opositores buscan que el Presupuesto avance tal como está para forzar mayores niveles de gasto.

La situación revive el debate entre déficit y superávit como eje central de la política económica del Gobierno de Javier Milei, que ya prorrogó en dos oportunidades consecutivas el Presupuesto 2023. Para el oficialismo, esa prórroga permitió mantener un mayor control del gasto, una herramienta que ahora consideran en riesgo si se aprueba el nuevo texto sin las modificaciones fiscales pretendidas.