En una audiencia clave del juicio por la causa Cuadernos, la Unidad de Información Financiera (UIF) expuso este viernes las acusaciones correspondientes al tramo denominado “La Camarita”, centrado en la presunta cartelización de la obra pública durante los gobiernos kirchneristas.

Según el organismo, se investigan 175 pagos ilegales atribuidos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, por un monto total de $171.224.710 y 613.000 dólares. La UIF sostuvo que existió un “acuerdo espurio” entre funcionarios públicos, empresarios y financistas para sostener una organización criminal basada en retornos vinculados a contratos de obras y servicios.

De acuerdo con la acusación, el esquema funcionó mediante anticipos financieros y certificaciones de obra, con un rol central del entonces titular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti. Julio De Vido fue señalado como responsable político del sistema, con coordinación de José López y ejecución a cargo del empresario Carlos Wagner, mientras que el financista Ernesto Clarens habría cumplido un papel clave en la recaudación de los fondos.

La UIF indicó que los sobornos se habrían pagado entre 2008 y 2010 y canalizado a través de Daniel Muñoz, ex secretario privado de Néstor Kirchner. Entre las empresas involucradas, JCR S.A., de la familia Relats, concentró 40 pagos por más de 85 millones de pesos, en paralelo a la adjudicación de numerosas obras viales.

Además, durante la audiencia se remarcó el vínculo comercial entre la familia Kirchner y el Grupo Relats por el alquiler del hotel Los Sauces, un negocio que, según el ex contador Víctor Manzanares, generó ingresos millonarios y fue una pieza central en la conformación del patrimonio familiar.