La inclusión tardía de un capítulo clave en el Presupuesto 2026 desató un fuerte malestar entre los gobernadores aliados y dejó secuelas políticas que complican la relación con la Casa Rosada. La decisión del oficialismo de incorporar a último momento el Capítulo XI —que proponía derogar las leyes de Discapacidad y de Financiamiento Universitario— quebró acuerdos previos, alteró votos en la Cámara de Diputados y obligó al Gobierno a recalibrar su estrategia de negociación.

Aunque el proyecto fue aprobado en general, ese apartado fue rechazado por legisladores de provincias que habían acompañado el trámite, en una señal coordinada de rechazo a la forma en que se introdujo la modificación. Gobernadores de Catamarca, Tucumán, Salta, Misiones, Neuquén y del bloque Provincias Unidas ordenaron votar en contra, pese a que el rechazo también los perjudicaba en otras medidas incluidas en el mismo capítulo.

En las provincias aliadas coincidieron en que el problema no fue solo el contenido, sino la metodología: avanzar sin aviso previo sobre temas sensibles y fuera de los márgenes acordados. La votación por capítulos agravó el escenario, ya que el rechazo total dejó afuera otras disposiciones que sí contaban con consenso, como actualizaciones y compensaciones sociales.

El Gobierno atribuyó la maniobra a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, ya que la derogación de ambas leyes implicaba un ahorro cercano al 0,5% del PBI. Sin embargo, para los gobernadores, el intento de concentrar en un solo bloque un ajuste resistido terminó generando el efecto contrario y expuso una desconfianza creciente hacia el Ejecutivo.

Ni siquiera el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que en diciembre alcanzó los $66.500 millones y benefició especialmente a varias de las provincias involucradas, logró asegurar el respaldo al capítulo cuestionado. Desde Salta, el gobernador Gustavo Sáenz criticó la “picardía legislativa” y advirtió que la estrategia dejó afuera medidas sociales relevantes.

El malestar también se profundizó por los compromisos incumplidos en materia de financiamiento de cajas previsionales provinciales, con diferencias significativas entre los montos previstos en el Presupuesto y las necesidades reales de los distritos.

En el Senado, el oficialismo optó por avanzar con la versión aprobada por Diputados, sin reabrir la discusión del capítulo rechazado, para evitar un nuevo conflicto. Los gobernadores acompañarían la sanción final, pero con una advertencia clara: el respaldo futuro no será automático.

La tensión se extendió además a la relación con el PRO, en medio de disputas por cargos en la Auditoría General de la Nación, lo que reforzó entre los aliados la percepción de una forma de negociar que deja heridos. El resultado es un escenario político más áspero, con apoyos condicionados y una confianza que el Gobierno deberá reconstruir si pretende sostener mayorías en las reformas que vienen.