El Gobierno nacional afronta una semana decisiva en el Congreso con el objetivo de convertir en ley el Presupuesto 2026 y avanzar con el paquete de reformas incluidas en las sesiones extraordinarias. Tras una intensa actividad en la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró los dictámenes y aprobaciones necesarias, la atención se trasladó al Senado, que aparece como el próximo y más complejo escenario de negociación.

La Libertad Avanza se encamina a defender el primer presupuesto integral de su gestión, que llega a la Cámara alta con modificaciones relevantes. Entre ellas, la eliminación del capítulo que proponía derogar las leyes de Emergencia en Discapacidad y de Financiamiento Universitario, dos iniciativas que generaron fuerte resistencia política y social y que el Ejecutivo considera incompatibles con su política de déficit cero.

En la Casa Rosada admiten que ambos temas siguen siendo un foco de tensión, aunque sostienen que su resolución no se dará a través del Presupuesto, sino mediante mecanismos alternativos que permitan ordenar el impacto fiscal sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. La estrategia es coordinada por una mesa política integrada, entre otros, por Patricia Bullrich, Martín Menem y el ministro del Interior, Diego Santilli.

Ante un escenario abierto, el oficialismo ya se prepara para distintos desenlaces. En Diputados, Martín Menem pidió a legisladores propios y aliados que mantengan disponibilidad para una eventual sesión el 30 de diciembre, ante la posibilidad de que el Senado introduzca cambios en el texto o impulse normas complementarias que obliguen a una nueva votación en la Cámara baja.

La sesión del Senado fue convocada para el viernes 26 de diciembre, cuando se debatirá el Presupuesto 2026 y las modificaciones al Régimen Penal Tributario, conocido como ley de Inocencia Fiscal, otro de los proyectos que el Gobierno considera prioritarios para enviar señales al mercado y consolidar el rumbo económico.

Aunque Unión por la Patria anticipó su rechazo, el oficialismo confía en reunir los votos necesarios con el respaldo de bloques aliados y provinciales. Sin embargo, ya surgieron objeciones, como las de la senadora Alejandra Vigo, de Provincias Unidas, quien cuestionó el reparto de fondos y la falta de respuesta a las deudas del Estado con provincias que conservan sus cajas previsionales.

Pese a las tensiones, en el Gobierno sostienen que el texto aprobado en Diputados es la base para sostener los acuerdos, y desde el radicalismo dejaron trascender que acompañarán siempre que el Senado no modifique el proyecto. En paralelo, el oficialismo reconoce la necesidad de recomponer vínculos con el PRO tras los cruces por la designación de auditores de la AGN.

La reforma laboral, en tanto, quedó prevista para febrero, lo que implicará un nuevo llamado a sesiones extraordinarias. Con la oposición y los sindicatos anticipando resistencia, el escenario político de 2026 asoma cargado de tensiones.