El Gobierno nacional inició gestiones para bajar la tensión con el PRO en el Congreso luego del fuerte cruce generado por la designación de nuevos auditores en la Auditoría General de la Nación (AGN), una decisión que el bloque macrista llevó a la Justicia mediante un recurso de amparo. La Casa Rosada apunta a recomponer el diálogo para sostener acuerdos parlamentarios clave de cara al Presupuesto y a las reformas estructurales que impulsa el oficialismo.

La polémica se desató tras la sesión de la madrugada del 18 de diciembre en la Cámara de Diputados, cuando se aprobaron los nombramientos de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como auditores. Desde el PRO, encabezado por Cristian Ritondo, cuestionaron tanto el procedimiento como el contenido de la votación y denunciaron haber sido excluidos de un entendimiento previo entre el oficialismo y sectores vinculados a gobernadores provinciales.

El macrismo calificó la resolución como “abiertamente inconstitucional” y sostuvo que viola el artículo 63 de la Constitución Nacional, al considerar que el tema no formaba parte del temario habilitado para las sesiones extraordinarias. También objetaron la falta de dictamen, la ausencia de debate parlamentario y el horario en que se realizó la votación.

Ante este escenario, el ministro del Interior, Diego Santilli, salió a descomprimir el conflicto y ratificó la voluntad del Ejecutivo de sostener el trabajo conjunto con el PRO, pese a las diferencias. Destacó el acompañamiento legislativo brindado por el bloque desde el inicio de la gestión y evitó confrontar con la judicialización del tema, al señalar que se trata de una facultad propia del Congreso.

En la Casa Rosada reconocen que la tensión con el PRO complica un momento clave del calendario legislativo. El oficialismo necesita recomponer consensos para avanzar con el Presupuesto, al que considera una herramienta central para consolidar el equilibrio fiscal y dar previsibilidad económica tras años sin una ley de gastos y recursos aprobada.

Además, el Gobierno observa con atención el futuro de la reforma laboral y otras iniciativas que requieren mayorías especiales. Desde el Ejecutivo atribuyen las resistencias a cuestiones fiscales más que a una falta de diálogo político y descartan que las demoras estén vinculadas a conflictos sindicales, al señalar que responden al proceso de audiencias y al trabajo en comisión previsto para los meses de verano.