El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, negó haber autorizado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a trasladar su sede legal a la provincia de Buenos Aires y respondió al último comunicado de la entidad, en el que se cuestionaba el accionar del Gobierno en las investigaciones en curso.

La IGJ analiza actualmente la documentación presentada por la AFA sobre sus estados contables, en el marco de un conflicto por presuntas inconsistencias que superarían los 450 millones de dólares. Vítolo advirtió que el próximo 20 de enero vence el plazo para definir si el organismo avanza con la designación de un veedor, la aplicación de multas o la formulación de una denuncia penal.

El funcionario sostuvo que las críticas de la conducción de la AFA buscan “desviar la atención” de las investigaciones judiciales que involucran al presidente Claudio Tapia y al tesorero Pablo Toviggino. En ese contexto, la IGJ citó a varios profesionales contables para que expliquen los balances de la entidad y de la Superliga correspondientes a los últimos años.

En particular, este miércoles deberá declarar el contador Fernando Dubois por los balances de la Superliga entre 2020 y 2024, mientras que el jueves lo harán Claudia Carraro, Umberto Mucelli y Claudio Bisurgi, responsables de la auditoría financiera de la AFA desde 2017. El foco del organismo, según Vítolo, está puesto en el contenido de los balances y en el destino de partidas millonarias que no habrían sido debidamente justificadas.

Sobre el intento de traslado de la sede legal al predio de Ezeiza, el titular de la IGJ aclaró que el organismo “nunca autorizó” el cambio de jurisdicción y explicó que la AFA solo cuenta con un certificado de vigencia del trámite, pero no con una aprobación definitiva. Incluso sugirió que la maniobra podría apuntar a evitar controles y buscar respaldo político.

La AFA, por su parte, acusó a la IGJ de ejercer presiones y construir un “relato ficticio de incumplimiento”, al sostener que la aprobación de balances corresponde a los socios y que la entidad está bajo la fiscalización de la provincia de Buenos Aires. Vítolo rechazó esas acusaciones y afirmó que la respuesta presentada por la AFA no incluyó información clave sobre la Superliga, por la que se reclaman explicaciones por unos 340 millones de dólares.