A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, la relación con los gobernadores ingresó en una etapa más pragmática y menos confrontativa, marcada por la necesidad del oficialismo de sumar apoyos en el Congreso para avanzar con la reforma laboral, que buscará aprobar en febrero. El resultado será un termómetro político clave para medir la gobernabilidad en el tercer año de gestión y proyectar el escenario hacia 2027.

Tras un primer año signado por el choque —recorte de transferencias, paralización de la obra pública y caída de la Ley Bases—, el Ejecutivo comenzó a reconstruir canales de negociación con las provincias. Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), acuerdos puntuales por deudas previsionales y promesas de reactivación selectiva de obras se convirtieron en herramientas centrales para articular mayorías, como ocurrió con el Presupuesto 2026.

En este nuevo escenario, los gobernadores se dividen en tres grandes bloques. Un grupo de aliados y dialoguistas, entre ellos Alfredo Cornejo, Rogelio Frigerio, Jorge Macri y Claudio Poggi, respalda la reforma laboral, aunque reclama mayor previsibilidad en los recursos. A ellos se suman mandatarios como Marcelo Orrego, Gustavo Sáenz y Hugo Passalacqua, claves para las votaciones de 2025. También los peronistas Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo muestran predisposición a acompañar, pero advierten sobre el impacto fiscal del proyecto.

El principal foco de tensión está en el capítulo tributario de la reforma, que reduce impuestos coparticipables como Ganancias y el impuesto a las sociedades. Gobernadores de distintos signos reclaman que, de avanzar esos cambios, Nación absorba el costo fiscal durante 2026.

Un segundo bloque lo conforma Provincias Unidas, con figuras como Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, que combinan colaboración legislativa con un discurso crítico. Acompañan la modernización laboral, pero exigen un debate artículo por artículo y rechazan tratamientos exprés, manteniendo distancia del oficialismo.

En el extremo opuesto se ubica la oposición dura, encabezada por Axel Kicillof y otros cinco gobernadores, que cuestionan el impacto federal de las reformas libertarias y denuncian una pérdida sostenida de recursos provinciales. Consideran que la reforma laboral profundiza el desfinanciamiento de las provincias.

El trasfondo del debate es el ajuste fiscal, con una caída real del gasto del 29% en 2025 y fuertes recortes en transferencias. En ese marco, los ATN volvieron a ser una herramienta clave de negociación política, al igual que las deudas previsionales de la Anses con varias provincias.

La discusión por la reforma laboral expone así el nuevo equilibrio entre la Casa Rosada y los gobernadores: menos confrontación abierta, más negociación condicionada y acuerdos frágiles en un Congreso dividido, donde cada voto vuelve a ser decisivo.