El Parlamento Europeo frenó el acuerdo con el Mercosur y lo envió al Tribunal de Justicia

El Parlamento Europeo resolvió este miércoles remitir a la Justicia de la Unión Europea el acuerdo de libre comercio con el Mercosur, tras una votación ajustada en Estrasburgo que arrojó 334 votos a favor y 324 en contra. La decisión frena el proceso de ratificación y abre una instancia de revisión legal del tratado firmado recientemente en Paraguay.

Con esta medida, el Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, deberá determinar si el acuerdo se ajusta a los tratados y al marco jurídico que rige a los 27 Estados miembros. Mientras dure el análisis, el texto no será sometido a votación en el pleno del Parlamento, aunque los eurodiputados podrán continuar evaluando su contenido.

El pacto, que demandó 26 años de negociaciones, fue estructurado por la Comisión Europea en dos partes: una política y de cooperación, y otra comercial. Esta división permitiría que el capítulo comercial avance de forma provisional con la sola aprobación del Parlamento Europeo, sin intervención de los parlamentos nacionales, un punto que genera fuertes cuestionamientos dentro de la Eurocámara.

Entre las principales objeciones figura el “mecanismo de reequilibrio”, que habilita a los países del Mercosur a impugnar normativas europeas que afecten sus exportaciones. Para varios legisladores, esta cláusula podría vulnerar la autonomía regulatoria de la UE y entrar en conflicto con sus tratados fundacionales.

Pese al freno parlamentario, la Comisión Europea aún podría impulsar la aplicación provisional de la parte comercial si al menos uno de los países del Mercosur completa su proceso interno de adopción. Sin embargo, el acuerdo enfrenta una fuerte resistencia política, especialmente de sectores agrícolas europeos, que mantienen protestas contra el tratado.

Desde el Ejecutivo comunitario, el portavoz Olof Gill defendió el texto y sostuvo que las objeciones “no están justificadas”, mientras que bloques de izquierda y los Verdes celebraron la decisión y advirtieron que una aplicación provisional podría derivar en un “escándalo democrático”. El debate se da además en un contexto de crecientes tensiones comerciales globales, que añade presión al futuro del acuerdo entre la UE y el Mercosur.

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