El Banco de Servicios y Transacciones (BST), propiedad de Roberto “El Negro” Domínguez, quedó bajo la lupa judicial en una causa que indaga presuntas maniobras irregulares con el dólar oficial durante el cepo cambiario, además de movimientos financieros sospechosos vinculados a la AFA.

La investigación es encabezada por la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli, en el marco del denominado “rulo financiero”. Según el requerimiento fiscal, el BST habría sido un proveedor clave de dólares oficiales para casas de cambio y financieras que están siendo investigadas por operaciones irregulares realizadas en 2023.

De acuerdo con fuentes judiciales, varias de esas firmas operaban con cuentas en el BST y habrían recibido más de 141.596 millones de pesos provenientes de miles de personas físicas y jurídicas, fondos que podrían tener origen, al menos parcial, ilícito. Entre ellas figuran STEMA Cambios y Mega Latina, que habrían comprado más de 500 millones de dólares al banco con autorización del Banco Central.

El propio BCRA incluyó al BST en dos sumarios recientes. En uno de ellos se detalla que Mega Latina accedió a unos 327 millones de dólares oficiales entre junio y agosto de 2023, parte de los cuales habrían sido transferidos luego a otras entidades también investigadas.

En paralelo, existen al menos otras cuatro causas por hechos similares en juzgados federales y en el fuero Penal Económico, lo que amplía el alcance de las sospechas sobre la operatoria de la entidad.

A la trama financiera se suma un vínculo con la AFA. En septiembre de 2022, Domínguez firmó a través de su empresa Alemond Holdings un contrato por supuestos servicios logísticos del seleccionado argentino en Qatar por 6 millones de dólares. Sin embargo, el pago debía realizarse a una cuenta de TourProdEnter, firma ligada a Javier Faroni, señalado como recaudador de la AFA en el exterior.

Desde Alemond sostienen que cuentan con documentación respaldatoria, aunque aseguran que la AFA no devolvió el dinero de un crédito otorgado, lo que alimenta la sospecha de que el contrato podría haber encubierto un préstamo.