En el marco del juicio por la expropiación de YPF, la Procuración del Tesoro de la Nación solicitó ante la Justicia de Estados Unidos la suspensión del proceso de discovery ordenado por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York y de la moción de desacato impulsada por Burford Capital. El planteo fue presentado ante el juzgado de la jueza Loretta Preska.

Desde el Gobierno sostienen que la estrategia judicial de la firma litigante constituye un “hostigamiento sistemático” contra la Argentina, con el objetivo de presionar para cobrar los USD 16.000 millones establecidos en el fallo de primera instancia. Aseguran que los pedidos de información son “intrusivos y desproporcionados” y afectan la soberanía nacional.

La controversia se intensificó cuando Burford solicitó datos sobre la ubicación de las reservas de oro del Banco Central. La Procuración respondió que esos activos pertenecen al BCRA y están protegidos por la inmunidad de ejecución, por lo que consideró improcedente cualquier requerimiento en ese sentido.

El Gobierno también rechazó el pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, declare sobre el manejo de las reservas. Según la Procuración, el Estado ya entregó un volumen “sin precedentes” de información relevante, mientras que la parte demandante argumenta que faltan documentos, incluidas conversaciones privadas de funcionarios.

Las autoridades argentinas acusaron a Burford de desnaturalizar el discovery y usarlo como herramienta de presión política y judicial, con la intención de “entorpecer el normal funcionamiento del Estado” y afectar la recuperación económica del país.

Ambas partes participarán de una audiencia en las próximas horas, donde la Argentina defenderá su pedido de suspensión. Además, se prevé que los beneficiarios del fallo presenten un nuevo descargo en febrero, en una causa que podría sumar nuevas derivaciones judiciales en los próximos meses.